Un gran jurado estatal de Florida determinó que funcionarios de la administración del gobernador republicano Ron DeSantis desviaron indebidamente 10 millones de dólares en fondos públicos hacia la fundación benéfica Hope Florida. El dinero terminó siendo utilizado en actividades políticas partidistas y campañas electorales.
De acuerdo con el informe oficial revelado por la prensa local, la millonaria suma fue canalizada a través de un “sofisticado esquema” financiero. Las claves de la investigación judicial detallan la ruta del dinero y las reacciones de los involucrados:
- Origen de los fondos: El capital provenía originalmente de un acuerdo legal de 67 millones de dólares que el estado de Florida firmó con la corporación de atención médica Centene, tras descubrirse que la empresa había sobrefacturado de manera fraudulenta al programa de seguros para niños de bajos ingresos y Medicaid.
- Desvío a la fundación: En lugar de reingresar la totalidad del dinero a las arcas de los contribuyentes, 10 millones se transfirieron a la fundación Hope Florida, una organización sin fines de lucro impulsada activamente por la primera dama del estado, Casey DeSantis.
- Destino electoral: El reporte técnico expone que los fondos pasaron por varias organizaciones intermedias hasta llegar a las cuentas del Partido Republicano de Florida y a dos comités de acción política. El principal receptor de la mayor parte del dinero fue el comité Keep Florida Clean, liderado por James Uthmeier, entonces jefe de gabinete del gobernador, utilizándose para financiar campañas en contra de la Enmienda 3 que buscaba legalizar la marihuana recreativa.
- Conocimiento institucional: El gran jurado señaló que la entonces fiscal general de Florida, Ashley Moody, tenía pleno conocimiento del plan y “autorizó” a un subordinado a firmar el acuerdo. No obstante, Moody ha rechazado las acusaciones mediante sus redes sociales, alegando que la fiscalía general no participó en las decisiones de gasto de la fundación ni de la legislatura.
- Sin cargos criminales individuales: A pesar de confirmar que el dinero de los contribuyentes fue malversado y utilizado sin transparencia para fines partidistas, el gran jurado dictaminó que no existen pruebas suficientes para imputar formalmente a un individuo específico, dado que “nadie asumió la responsabilidad directa” ni admitió haber tomado la decisión de efectuar dicha transferencia de fondos.
Ante la falta de mecanismos de control, el jurado recomendó formalmente a la Legislatura de Florida promulgar con urgencia leyes que obliguen a depositar de forma estricta cualquier fondo recibido por acuerdos estatales directamente en el Fondo General del Estado, estableciendo consecuencias legales severas para evitar que los recursos de asistencia social vuelvan a ser utilizados de forma opaca.
