Al menos 20 negocios en Miami han visto revocadas sus licencias comerciales en los últimos días, tras no poder demostrar que cuentan con las autorizaciones federales necesarias para operar o mantener relaciones comerciales vinculadas a Cuba, confirmaron autoridades locales.
La medida forma parte de una revisión administrativa iniciada por la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández, que desde semanas atrás notificó a unas 75 empresas para que presentaran documentación que acreditara la legalidad de sus operaciones bajo las leyes federales de Estados Unidos.
Según las autoridades, los negocios afectados no lograron presentar licencias válidas emitidas por el gobierno federal, en particular por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo encargado de regular y autorizar cualquier transacción permitida con países sancionados, incluido Cuba.
Entre las empresas alcanzadas por la revocación de licencias figuran agencias de viajes, compañías de envíos, servicios logísticos y firmas vinculadas al transporte o intermediación comercial, sectores especialmente sensibles debido a las restricciones del embargo estadounidense contra el gobierno de La Habana.
¿Persecución contra los negocios cubanos en Miami?
Bajo la legislación estadounidense, cualquier actividad comercial con Cuba requiere permisos específicos, incluso en casos de viajes, envíos o servicios aparentemente humanitarios. Operar sin esas licencias puede derivar no solo en la pérdida de permisos locales, sino también en sanciones federales más severas.
Con esta premisa, las autoridades aclararon que no se trata de una persecución contra negocios de origen cubano ni contra empresas que atienden a la comunidad cubana, sino de acciones administrativas contra compañías que presuntamente operaban sin cumplir los requisitos legales federales.
El gobierno del condado ha insistido en que Miami-Dade no permitirá que su jurisdicción sea utilizada para actividades que violen leyes federales, y advirtió que la revisión podría ampliarse si surgen nuevas irregularidades.
Entretanto, para los negocios afectados, la revocación de la licencia implica la imposibilidad legal de operar hasta regularizar su situación o agotar los recursos administrativos correspondientes. Algunas empresas podrían intentar apelar la decisión, siempre que logren demostrar que sus actividades cuentan con respaldo legal federal.
