Una farmacéutica del sur de Florida fue declarada culpable por un jurado federal de distribuir más de 335,000 pastillas de oxicodona de 30 miligramos a clientes que, según el Departamento de Justicia, no tenían necesidad médica del medicamento.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que, de acuerdo con documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Olushola Yusuf, de 60 años, despachó oxicodona a casi toda su clientela y cobraba aproximadamente 10 veces el precio habitual del medicamento. Además, exigía que los pagos se realizaran en efectivo.
Las autoridades indicaron que Yusuf era propietaria y operadora de las farmacias Striderite, en Margate, y Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines. Según la investigación, algunos clientes pagaban hasta $1,000 al mes en efectivo por los medicamentos y viajaban desde distintos puntos de Florida porque no podían surtir esas recetas en otras farmacias.
Los fiscales sostienen que Yusuf distribuyó al menos 335,351 pastillas de oxicodona de 30 miligramos, la dosis más alta disponible del medicamento, reservada normalmente para pacientes con enfermedades graves, como quienes padecen dolor crónico por cáncer o lesiones traumáticas.
“La acusada abusó de la confianza del público al utilizar sus farmacias para distribuir ilegalmente opioides mortales”, dijo el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Fraude del Departamento de Justicia.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que Yusuf “inundó deliberadamente las comunidades del sur de Florida con más de 335,000 pastillas de oxicodona de alta dosis, incluso después de que sus empleados y la DEA le advirtieran sobre los riesgos de su conducta”.
Según Reding Quiñones, la farmacéutica “atendió a traficantes de drogas y a clientes que viajaban largas distancias, y antepuso las ganancias a los pacientes, la seguridad pública y sus responsabilidades como farmacéutica”.
La investigación fue realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), el FBI y la DEA.
“Al distribuir narcóticos peligrosos y altamente adictivos, la acusada demostró un claro desprecio por su comunidad y puso en peligro a innumerables residentes que debían haber podido confiar en su farmacéutica”, dijo el subdirector adjunto del FBI, Christopher Raia.
Yusuf fue declarada culpable de conspiración para distribuir drogas ilegalmente y de cinco cargos de distribución ilegal de drogas.
La audiencia de sentencia fue programada para el 14 de octubre de 2026. Yusuf enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
Su coacusado, Saman Giménez, se declaró culpable y será sentenciado en octubre.
