El fiscal general de Florida se opone a la transparencia en el caso de la biblioteca Trump.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, está liderando la ofensiva para defender al Miami Dade College en un tribunal superior de las acusaciones de que violó la Ley Sunshine del estado, lo que aumenta la importancia de un caso relacionado con la biblioteca presidencial de Donald Trump que podría tener implicaciones de gran alcance para el futuro de la transparencia gubernamental.

La oficina de Uthmeier presentó el lunes un aviso de apelación, buscando revocar el fallo de un juez de la Corte de Circuito de Miami-Dade que bloquea temporalmente que la universidad ceda valiosos terrenos del centro de la ciudad para la construcción de la biblioteca presidencial de Trump.

Si Uthmeier tiene éxito ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, los defensores del gobierno abierto afirman que podría sentar un nuevo precedente legal que socave el acceso público a la información sobre las reuniones gubernamentales en el estado. “Si el Fiscal General se sale con la suya, envalentonará a todas las agencias gubernamentales de Florida para que sean vagas, reservadas y oculten asuntos importantes que van a discutir en sus reuniones”, dijo David Cuillier, director del Proyecto de Libertad de Información del Centro Brechner de la Universidad de Florida.

“Esto tiene enormes repercusiones en la capacidad de la gente para saber qué está haciendo su gobierno”, añadió. “Creo que todos los floridanos deberían avergonzarse de que el fiscal general del estado esté luchando por la ofuscación y el secretismo”. Nadie en la universidad confirmó que la votación del 23 de septiembre estuviera relacionada con la biblioteca presidencial hasta después, cuando Uthmeier publicó un video promocional filmado en Miami.

Uthmeier recibió el respaldo de Trump en su contienda por la fiscalía general unas semanas más tarde. La implicación de Uthmeier en el caso ahora —su oficina y el bufete de abogados boutique Continental PLCC, vinculado a Trump y con sede en Miami, lideran la defensa de la universidad— supone una clara desviación del papel típico de los fiscales generales en las disputas sobre transparencia gubernamental, según los expertos.

Históricamente, el fiscal general de Florida ha defendido la ley: «La Fiscalía General siempre ha buscado salvaguardar las pioneras leyes de transparencia gubernamental de Florida», señala el sitio web estatal de Uthmeier. Por lo general, emiten dictámenes consultivos sobre posibles infracciones a la Ley de Transparencia, los cuales son de gran relevancia, pero no vinculantes. La oficina de Uthmeier no respondió a la solicitud de comentarios.

El papel del fiscal general en la defensa del Miami Dade College le otorga el poder de moldear nueva jurisprudencia que restrinja el alcance del acceso público a las reuniones a través de un fallo de un tribunal de apelaciones estatal; una fuerza más poderosa en futuros casos de la Ley Sunshine que las opiniones consultivas, según Barbara Petersen, directora del Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental. “Aquí tenemos al hombre que se supone que debe defender nuestra ley y nuestros derechos legales, trabajando para restringir ese derecho de acceso”, dijo Petersen. “Nunca he visto nada igual”. Petersen es la exdirectora de la Fundación de la Primera Enmienda de Florida, que publica anualmente un Manual de Gobierno Abierto en colaboración con la Fiscalía General.

Afirmó que Uthmeier se opuso a la transparencia gubernamental en el pasado, cuando era jefe de gabinete del gobernador, y mencionó una demanda presentada por su organización en la que Uthmeier argumentó que sus mensajes de texto relacionados con vuelos que transportaban inmigrantes a Martha’s Vineyard no debían ser de dominio público . “Teniendo en cuenta lo que ha hecho este fiscal general, no me sorprende, pero me horroriza”, dijo Petersen.

 

 

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