Un juez federal pone a la administración en camino a ser castigada por frustrar las órdenes judiciales.
El juez de distrito de Estados Unidos en Washington, James Boasberg, dijo que el Gobierno demostró “desprecio intencional” por su orden del 15 de marzo que prohibía deportar a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y encontró “causa probable” para declarar a los funcionarios en desacato penal.
Muchos de los abogados y familiares de los migrantes afirman que los deportados no son miembros de la banda Tren de Aragua y que nunca se les dio la oportunidad de rebatir la afirmación del gobierno estadounidense de que sí lo eran.
El fallo del juez es lo más cerca que ha estado cualquier magistrado de sugerir que el Gobierno podría ser castigado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, e intensifica el enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo.
El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo en X que el Gobierno buscaría un recurso de apelación inmediato.
Cuando Boasberg había emitido la orden, dos aviones de venezolanos se dirigían de Estados Unidos a El Salvador y no regresaron a Estados Unidos. Dijo que había causa probable para declarar al gobierno en desacato penal.
“El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o precipitadamente; de hecho, ha dado a los Demandados amplia oportunidad de rectificar o explicar sus acciones”, escribió Boasberg en su fallo. “Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
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