En un giro inesperado que ha sacudido las altas esferas del gobierno local, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, vetó un acuerdo de 400 millones de dólares destinado a asegurar una terminal clave de suministro de combustible para PortMiami. El pacto, que había sido estructurado y negociado por su propio equipo de administración, fue calificado por la mandataria como una transacción inaceptable y perjudicial para las finanzas de los contribuyentes.
Un negocio millonario para desarrolladores privados
La controversia tiene su origen a principios de año, cuando el condado no ejerció su opción de compra sobre un depósito privado de combustible ubicado en Fisher Island, vital para las operaciones marítimas de la región. El terreno fue adquirido poco después por un consorcio de desarrolladores inmobiliarios de lujo —entre los que destacan Related Group y el inversionista Russell Galbut— por una suma de 180 millones de dólares, con el objetivo de construir condominios residenciales de alto valor.
Ante el riesgo inminente de perder la infraestructura que abastece de combustible a los barcos del puerto, los negociadores del condado estructuraron un plan de recompra de emergencia. El acuerdo estipulaba un pago total de 400 millones de dólares: 200 millones iniciales en efectivo y otros 200 millones diferidos a lo largo de 20 años.
De haberse concretado, la operación habría garantizado una ganancia neta superior al 100% para los desarrolladores privados en cuestión de meses, utilizando fondos públicos.
Purga inmediata en el gabinete del condado
La drástica decisión de la alcaldesa vino acompañada de una reestructuración inmediata en su equipo de trabajo. Solo veinticuatro horas antes de hacer oficial el rechazo al trato, Levine Cava destituyó a las dos figuras clave que lideraron las negociaciones:
- Jimmy Morales, quien se desempeñaba como director de operaciones del condado.
- Hydi Webb, la hasta entonces directora general de PortMiami.
Tras las salidas forzadas, la alcaldesa designó a Roy Coley como nuevo primer vicealcalde encargado de la supervisión operativa y nombró a Frederick Wong para asumir la dirección interina de la terminal portuaria.
El condado recurrirá a la expropiación
Con el acuerdo comercial completamente descartado, la administración de Miami-Dade ha instruido a su equipo legal para activar mecanismos judiciales agresivos. La principal estrategia será recurrir al derecho de expropiación forzosa (eminent domain), una vía legal con la que el gobierno local pretende forzar la transferencia del terreno de Fisher Island a los activos públicos, argumentando el interés general, pero bajo un valor de tasación significativamente menor al que exigían los desarrolladores.
Fuentes del condado confirmaron que, en caso de que la batalla en los tribunales se prolongue o falle, el plan de contingencia consistirá en diseñar y construir una nueva infraestructura de almacenamiento de combustible en terrenos que ya pertenecen al propio puerto, eliminando de forma definitiva la dependencia de intermediarios privados.
