Los Jóvenes Demócratas de Miami-Dade quieren que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y otros altos funcionarios del condado lleven a los funcionarios de la administración de DeSantis a los tribunales para obligarlos a cerrar el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz en los Everglades.
“La increíble crueldad de las administraciones de DeSantis y Trump hacia los residentes hispanos, haitianos y otros nacidos en el extranjero que trabajan duro, son honestos y respetuosos de la ley en este estado, debe cesar”, dijo Justin Mendoza-Routt, presidente de los Jóvenes Demócratas de Miami-Dade, en un comunicado.
“Exigimos a la alcaldesa [Daniella] Levine-Cava, a la Junta de Comisionados del Condado y a todos los demócratas que hagan todo lo que esté a su alcance legal para cerrar este inhumano campo de concentración y ayudar a restablecer la cordura y la empatía en el enfoque de nuestro estado hacia la inmigración”.
El grupo realizó una conferencia de prensa el viernes en el Centro de Gobierno Stephen P. Clark en Miami para hacer su llamado público a Levine Cava y otros funcionarios del condado.
El Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, donde el gobernador Ron DeSantis ejerció su autoridad como gobernador para tomar control de las instalaciones del condado y convertirlas en un centro de detención migratoria, alberga temporalmente a presuntos inmigrantes indocumentados. Los detenidos ya están siendo procesados.
Hace apenas unas semanas, las autoridades de Florida se apresuraron a erigir el complejo de tiendas de campaña resistentes, remolques y edificios temporales en tan solo ocho días, como parte de los esfuerzos del estado para ayudar a implementar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump . Incluye más de 200 cámaras de seguridad, más de 8.500 metros de alambre de púas y 400 agentes de seguridad.
La instalación está ubicada a unas 50 millas al oeste de Miami y tendrá una capacidad para unos 3.000 detenidos cuando esté en pleno funcionamiento, según funcionarios estatales y federales.
Se estima que la construcción de la instalación costará 450 millones de dólares al año, gastos que correrán a cargo de Florida y serán reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Los inmigrantes detenidos por agentes del orden público de Florida bajo el programa 287(g) del gobierno federal serán trasladados a este centro. El programa, dirigido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permite a los agentes interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación.
