El primer recaudador de impuestos electo del condado de Miami-Dade ha emitido una severa advertencia a los negocios locales que violan las sanciones de EEUU contra Cuba. “Estaré tomando medidas enérgicas contra los negocios que ilegalmente participan en comercio con el régimen comunista asesino en Cuba”, dijo el Recaudador de Impuestos Dariel Fernandez en un comunicado. “Sabemos quiénes son y dónde están, y tomaremos todas las acciones necesarias para proteger a nuestra comunidad y hacer cumplir el estado de derecho”.
Citando un estatuto de la ley de Florida de 1993 y una ordenanza del condado de Miami-Dade, Fernandez dijo que su oficina revocará o se negará a renovar los recibos de impuestos comerciales locales, conocidos anteriormente como licencias ocupacionales, para personas o entidades involucradas en actividades comerciales no autorizadas con Cuba. Estos son documentos requeridos para realizar negocios en el condado.
Fernandez anunció que comenzará a enviar cartas a los infractores en las próximas semanas, “tras la confirmación escrita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de que la entidad carece de una licencia federal válida o si ha tenido dicha licencia revocada o suspendida sin apelación exitosa”. OFAC es la agencia del Departamento del Tesoro que aplica varios programas de sanciones, incluido el embargo de EEUU contra Cuba. “Si no cumplen, nuestra unidad de ejecución comenzará a cerrar estos negocios en cualquier parte del condado de Miami-Dade”, agrega el comunicado.
Lo que dice la ley de Florida
Fernandez le dijo al Miami Herald que no podía explicar por qué esta disposición estatal no se ha aplicado en el pasado. El estatuto de Florida dice: “Cualquier autoridad gubernamental local que emita un recibo de impuestos comerciales a cualquier individuo, negocio o entidad bajo este capítulo puede revocar o negarse a renovar dicho recibo si el individuo, el negocio o la entidad, o la empresa matriz de dicho individuo, negocio o entidad, está haciendo negocios con Cuba.”
Fernandez, un hombre cubanoamericano que ha estado involucrado en el activismo promoviendo una transición democrática en Cuba, dijo que ha estado en contacto con el Departamento de Estado, el Tesoro y miembros de la delegación congresional republicana de Miami sobre el tema. No elaboró en los detalles sobre cómo su oficina llevará a cabo el plan, pero señaló que la oficina ya tiene su propia unidad investigadora para garantizar que los negocios cumplan con las leyes y regulaciones. “Este es un asunto que afecta algo más que al condado de Miami-Dade y afecta a muchos exiliados. ¿Cómo pueden estas empresas seguir proporcionando oxígeno a esta dictadura?” dijo en una entrevista con el Herald.
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