El juicio federal en Miami que tiene en el centro del debate al excongresista David Rivera y a la consultora política Esther Nuhfer, acusados de presuntamente trabajar en secreto para el régimen de Venezuela a cambio de millones de dólares, llega este martes a un nuevo capítulo.
Se espera que el secretario de Estado, Marco Rubio, testifique, en lo que podría convertirse en uno de los momentos más importantes del juicio.
La fiscalía sostiene que el caso trata de “codicia y traición”, y asegura que ambos participaron en un esquema para ocultar presuntos trabajos a favor del régimen venezolano.
Rivera, quien representó al sur de la Florida en el Congreso y también fue legislador estatal, enfrenta el proceso junto a la consultora política de Miami, Esther Nuhfer.
Según la fiscalía, en 2017, durante la primera administración de Donald Trump, los acusados habrían firmado un contrato de hasta 50 millones de dólares vinculado a intereses del entonces gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de mejorar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
Parte de ese dinero, de acuerdo con los fiscales, habría sido pagado en incrementos de cinco millones de dólares, hasta sumar 20 millones, mientras los acusados intentaban conseguir reuniones de alto nivel con figuras políticas de Estados Unidos.
Entre esos contactos figura el entonces senador Marco Rubio, excolega de Rivera en Tallahassee y amigo suyo desde hace años. Según la fiscalía, Rubio se reunió con ellos sin saber que presuntamente estaban representando intereses del régimen de Venezuela.
Uno de los puntos centrales del juicio es la ley FARA, que no prohíbe trabajar para gobiernos extranjeros, pero sí exige revelarlo ante el gobierno federal.
La fiscalía también asegura que los acusados hablaban en clave en un chat de WhatsApp. Según el gobierno, “el guagüero” era una referencia a Nicolás Maduro, “el loco” a Donald Trump, “el cubanito” al senador Marco Rubio y “melones” significaba millones de dólares.
En el centro del caso también figuran Raúl Gorrín, empresario venezolano, dueño de la cadena Globovisión, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y considerado prófugo, y Hugo Pereira, condenado por narcotráfico y fraude, quien ahora testificará como testigo del gobierno.
La fiscalía asegura que los acusados utilizaron su acceso político para demostrar su capacidad de lograr cambios en la política hacia Venezuela.
Mientras que la defensa lo niega todo. Sostiene que el trabajo era con una filial en Estados Unidos de la empresa petrolera venezolana y que se trataba de consultoría comercial, no de lobby político. También argumenta que este es “un caso sobre nada”.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar varios años de prisión, incluso décadas, dependiendo de los cargos.
