En un movimiento clave para las políticas de seguridad educativa en el estado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el Proyecto de Ley de la Cámara 757 en el campus del Miami Dade College. La nueva legislación expande formalmente el programa de guardianes escolares a las instituciones de educación superior pública, permitiendo que personal capacitado porte armas ocultas para proteger los campus.
La firma de esta normativa, conocida como la Ley de Respuesta Activa y Mitigación de Riesgos en el Campus (ARMOR Act), ocurre tras el tiroteo registrado el año pasado en la Universidad Estatal de Florida (FSU) . El estatuto refuerza las medidas preventivas estatales implementadas originalmente tras la tragedia de Parkland en 2018.
Puntos centrales de la nueva ley
La legislación introduce cambios obligatorios en la seguridad de los planteles de educación superior:
- Guardianes universitarios: Permite que empleados y docentes debidamente entrenados y autorizados porten armas de fuego ocultas en los campus públicos
- Cooperación policial: Obliga a las oficinas de los sheriffs locales a coordinar y proporcionar el entrenamiento requerido a las universidades que adopten el programa
- Penalidades severas: Tipifica como delito grave el disparar un arma de fuego en un radio de 1,000 pies (aproximadamente 300 metros) de cualquier campus de educación superior .
- Reporte digital obligatorio: Exige a todas las instituciones postsecundarias implementar la aplicación de seguridad Fortify Florida, o un sistema equivalente, antes del 1 de julio de 2026
Respaldo de las autoridades educativas
Durante el acto oficial, el comisionado de Educación de Florida, Stasi Kamoutsas, destacó que la administración estatal ha destinado más de $3,000 millones a la seguridad escolar, priorizando el resguardo de la comunidad estudiantil.
Por su parte, la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, acompañó al mandatario y respaldó la medida, señalando que la ley proporciona herramientas adicionales para mantener un entorno de aprendizaje seguro frente a amenazas externas [HB 757]. El nuevo marco legal también exige que cada institución realice evaluaciones de riesgo anuales y cuente con planes actualizados de reunificación familiar
