La fuerte controversia existente en torno al centro de detención de inmigrantes construído en los Everglades de Florida, conocido como Alligator Alcatraz, ha puesto en el centro de las críticas a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
Organizaciones de inmigrantes y activistas cuestionan a Levine Cava afirmando que no ha sido suficientemente fuerte para impedir el uso de esos terrenos bajo su jurisdicción.
La alcaldesa solicitó visitar la instalación y obtener informes semanales, pero no obtuvo ninguna respuesta oficial. “Como propietario legal de este sitio, el condado tiene derecho a realizar inspecciones y supervisar cualquier operación en curso, incluidas las iniciadas bajo declaraciones de emergencia”, escribió Levine Cava en una solicitud al gobierno estatal.
En ese sentido existen varias demandas contra ‘Alligator Alcatraz’, una de ellas presentada por congresistas estatales contra la “denegación de inspecciones” autorizadas al centro. Otra demanda por parte de grupos ambientalistas denuncia la falta de consideración del impacto ambiental, en tanto una demanda colectiva de varias organizaciones, entre ellas ACLU (American Civil Liberties Union), solicita que los abogados puedan tener contacto razonable con sus clientes detenidos.
Se estima que Alligator Alcatraz puede albergar a unas 1,000 personas y que, de acuerdo con datos obtenidos por The Miami Herald, para mediados de julio tenía más de 700 detenidos viviendo en carpas, muchos de ellos personas sin récord criminal o cargos pendientes en la justicia
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